El Estado de Florida ha presentado una demanda contra la cadena minorista Target, argumentando que sus políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) han engañado a los inversores y han generado pérdidas millonarias. La demanda, encabezada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, alega que la empresa no informó adecuadamente sobre los riesgos financieros derivados de su “activismo radical LGBTQ”, lo que llevó a una disminución del valor de sus acciones.
Según la Fiscalía estatal, la campaña del orgullo de 2023 de Target resultó en una fuerte reacción pública debido a la inclusión de productos dirigidos a niños y mujeres que fueron considerados ofensivos por algunos sectores. Esto ocasionó llamados al boicot y una caída en el valor de la compañía, afectando directamente a los inversores, incluidos fondos de jubilación estatales.
Uthmeier declaró que esta situación ha puesto en peligro los fondos de retiro de funcionarios públicos de Florida, incluyendo profesores y socorristas. En este contexto, la Junta Estatal de Administración de Florida (SBA), que gestiona los fondos de jubilación del estado y posee acciones de Target, figura como demandante en el caso.
La demanda también cuenta con el respaldo de organizaciones como America First Legal, Boyden Gray PLLC y Lawson Huck Gonzalez PLLC, las cuales ya habían iniciado otra acción legal contra Target en agosto de 2023.
Este no es el único litigio al que se enfrenta la compañía, pues recientemente un grupo de accionistas, liderados por el Fondo de Pensiones de la Policía de Rivera Beach, también demandó a la empresa por motivos similares.
El caso ha reavivado el debate sobre el papel de las grandes corporaciones en cuestiones sociales y políticas, así como la responsabilidad que tienen con sus inversores en términos de gestión de riesgos financieros. A medida que el proceso avance, se espera que genere un precedente sobre la relación entre la gobernanza corporativa y las políticas de diversidad e inclusión.