El gobierno de EEUU, bajo la administración del presidente Donald Trump, intensifica su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro al incautar un segundo avión perteneciente al gobierno venezolano. La confiscación del Dassault Falcon 200, utilizado por Maduro y sus altos funcionarios para viajes internacionales, se anunciará oficialmente este jueves por el Secretario de Estado Marco Rubio durante su visita a Santo Domingo, última parada de su gira por cinco países de Centroamérica.
El operativo requirió la aprobación del Departamento de Justicia y la firma de Rubio para una exención que permitió el uso de fondos de ayuda extranjera para cubrir más de 230.000 dólares en costos de almacenamiento y mantenimiento del avión. Según documentos del Departamento de Estado obtenidos por The Associated Press, la incautación responde a violaciones de sanciones impuestas por Washington, ya que la aeronave fue utilizada para viajes a Grecia, Turquía, Rusia y Cuba.
Esta acción se suma a la confiscación de otro avión de Maduro en septiembre de 2024, un Dassault Falcon 900EX valorado en 13 millones de dólares, adquirido a través de una empresa fachada en el Caribe. Las operaciones para ambas incautaciones contaron con la colaboración de agencias federales estadounidenses y las autoridades de la República Dominicana, quienes notificaron al gobierno venezolano sobre las medidas adoptadas.
La confiscación de estos aviones busca enviar un mensaje contundente a los altos mandos del régimen venezolano, destacando el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción y el narcoterrorismo. De hecho, desde marzo de 2020, el Departamento de Justicia ha acusado a Maduro y a 14 de sus asociados de cargos relacionados con narcoterrorismo, narcotráfico y corrupción.
Las acciones de EE.UU. también incluyen recompensas significativas para quienes aporten información que conduzca a la detención o condena de Maduro. Inicialmente fijada en 15 millones de dólares, la recompensa aumentó a 25 millones tras la cuestionada juramentación de Maduro el pasado 10 de enero.
En un contexto de creciente presión internacional, estas incautaciones refuerzan la estrategia de Washington de debilitar las redes de poder de Maduro y exponer las actividades ilícitas del régimen venezolano. Las operaciones también subrayan la colaboración estrecha entre Estados Unidos y sus aliados en la región para enfrentar los desafíos que representa el gobierno de Maduro para la estabilidad y la seguridad hemisférica.