La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos (SCOTUS) emitió este viernes un fallo decisivo que permite a la Administración Trump revocar los permisos de permanencia y trabajo concedidos a miles de inmigrantes bajo el programa de parole humanitario impulsado por el gobierno anterior. La decisión, que no cuenta con firma ni explicación detallada de la mayoría, marca un giro significativo en las políticas migratorias adoptadas por la Casa Blanca. La jueza Ketanji Brown Jackson, junto a Sonia Sotomayor, expresó una contundente disidencia, calificando la decisión como “un claro error” y advirtiendo sobre el potencial daño irreparable que sufrirían los beneficiarios del programa.
El fallo del Supremo se conoció apenas horas después de que la jueza federal de Massachusetts, Indira Talwani, emitiera una orden bloqueando temporalmente la suspensión del programa de parole humanitario. Talwani también exigió la reanudación inmediata del procesamiento de nuevas solicitudes, considerando que la suspensión afectaba gravemente a miles de personas vulnerables. La confrontación entre ambas decisiones judiciales subraya la creciente polarización en torno a las políticas migratorias, especialmente las orientadas hacia nacionales de países en crisis.
El programa de parole humanitario CHNV fue diseñado por la administración Biden para ofrecer permisos de dos años a inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Se estima que casi medio millón de personas han ingresado a Estados Unidos bajo este programa, lo que ha generado tensiones políticas y legales sobre su continuidad. La decisión de Trump de ordenar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la suspensión de estos programas en enero, ha sido recibida con críticas por parte de defensores de los derechos humanos y representantes políticos de oposición.
Ketanji Brown Jackson enfatizó en su disidencia que el gobierno no presentó argumentos sólidos para demostrar que no se produciría un daño irreparable si se permitía suspender el parole humanitario. “Incluso si el Gobierno tiene altas probabilidades de éxito en cuanto al fondo del caso, en nuestro sistema legal, el éxito lleva tiempo, y las reglas para suspender una medida requieren mucho más que una victoria anticipada”, escribió Jackson. Sus palabras reflejan la preocupación por las consecuencias inmediatas que podrían enfrentar miles de inmigrantes si el programa es desmantelado.
Por su parte, la Administración Trump defiende la medida como un paso hacia el fortalecimiento de las políticas migratorias y el restablecimiento del control en la frontera. Argumentan que los permisos temporales otorgados por la era Biden fomentaron un flujo migratorio desordenado e insostenible, exacerbando los problemas de seguridad nacional y sobrecargando el sistema de inmigración. Sin embargo, críticos sostienen que esta política expone a los inmigrantes a situaciones de vulnerabilidad y carece de justificación humanitaria suficiente.
El fallo del Supremo, al carecer de explicación escrita por parte de la mayoría, deja numerosas preguntas sobre los fundamentos jurídicos de la decisión. Para los detractores de la medida, la falta de razonamiento alimenta la percepción de que se trata de una maniobra política más que de una interpretación legal robusta. La rapidez con que se tomó la decisión también generó inquietud sobre el respeto a los procesos y garantías legales.
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional se prepara para implementar la orden presidencial y cesar los programas de parole, defensores de los derechos de los inmigrantes han prometido seguir luchando en los tribunales y el Congreso para proteger a los beneficiarios del CHNV. La comunidad internacional también observa con atención, dado que la medida impacta a miles de personas de países que enfrentan crisis humanitarias y económicas severas.
El presidente Trump, por su parte, celebró la decisión como un triunfo de su política migratoria, destacando que era necesario poner fin a programas “que incentivan el ingreso irregular y debilitan la seguridad fronteriza”. Aseguró que continuará con su agenda de reformas para endurecer las políticas de asilo y residencia temporal en Estados Unidos.
El fallo de SCOTUS y la orden paralela de la jueza Talwani auguran una batalla judicial prolongada y compleja. Mientras tanto, miles de familias de inmigrantes enfrentan un futuro incierto, marcados por el temor a la deportación y la inestabilidad laboral. La decisión del Supremo refleja un escenario legal y político cada vez más polarizado en torno al tema migratorio, con consecuencias que resonarán tanto en las cortes como en las urnas.