En un golpe significativo a uno de los pilares más controvertidos de la política de descentralización educativa del presidente Donald Trump, un juez federal bloqueó este jueves la orden ejecutiva que pretendía desmantelar el Departamento de Educación (DE), ordenando además que se reincorpore inmediatamente a los empleados despedidos como parte del plan.
La decisión, emitida por el juez de distrito Myong Joun en Boston, responde a dos demandas independientes que denuncian que el intento de cierre del DE constituye un acto ilegal y arbitrario, violando las obligaciones legales que el Congreso ha conferido a la agencia federal. La medida cautelar impide de momento que la administración siga adelante con la reestructuración, mientras se resuelve el fondo del litigio.
Una de las demandas fue presentada por los distritos escolares de Somerville y Easthampton en Massachusetts, en conjunto con la Federación Estadounidense de Profesores (AFT). La otra fue promovida por 21 fiscales generales demócratas, quienes alegaron que los despidos masivos —más de 1.300 empleados hasta la fecha— han dejado al departamento “funcionalmente incapacitado” para cumplir tareas fundamentales como el apoyo a la educación especial, la distribución de ayuda financiera federal, y la garantía de derechos civiles educativos.
“El argumento de que esto es una simple reorganización es, sencillamente, falso”, escribió el juez Joun en su fallo. Añadió que los despidos han generado un daño inmediato y profundo que “probablemente paralizará el departamento”. Sus palabras suponen un rechazo directo a la narrativa oficial de la Casa Blanca, que presentó la eliminación del DE como una “corrección estructural” en favor del federalismo.
La administración Trump anunció en marzo su plan para cerrar el Departamento de Educación, alegando que su existencia había contribuido a una burocracia ineficiente y a un sistema educativo nacional “que ha fracasado a pesar del enorme gasto público”. En palabras del presidente, “el cierre del Departamento de Educación brindará a los niños y sus familias la oportunidad de escapar de un sistema que les está fallando”. Trump subrayó que desde 1979, el gasto educativo per cápita ha crecido más del 245 %, sin mejoras sustanciales en el rendimiento estudiantil.
No obstante, para críticos del plan, la medida es un atentado directo contra la educación pública y contra los derechos de millones de estudiantes vulnerables. “El Departamento de Educación no es solo una estructura burocrática; es una red de protección para estudiantes con discapacidades, familias de bajos ingresos y comunidades históricamente marginadas”, declaró Randi Weingarten, presidenta de la AFT. “Eliminarlo sin un plan claro y sin respaldo legal es irresponsable y cruel”.
Desde el Congreso, legisladores demócratas aplaudieron la decisión del juez Joun, mientras que desde la Casa Blanca ya se anunció que se impugnará el fallo en instancias superiores. Fuentes cercanas a la administración Trump indicaron que el gobierno insistirá en que el poder ejecutivo tiene la autoridad para reorganizar agencias federales y que el cierre del DE “responde a una visión legítima de autonomía estatal”.
Sin embargo, expertos legales señalan que, aunque el presidente puede proponer reestructuraciones administrativas, el Congreso es quien crea y financia las agencias federales y, por tanto, tiene la última palabra sobre su continuidad o eliminación. En este caso, tanto los demandantes como el juez coincidieron en que la eliminación unilateral del DE excede las facultades ejecutivas.
Por ahora, la orden judicial supone un respiro para miles de empleados federales y para las familias que dependen de los programas del Departamento. No obstante, el futuro de la educación a nivel federal vuelve a situarse en el centro de un debate ideológico profundo entre quienes abogan por el control estatal descentralizado y quienes defienden un rol activo del gobierno federal en garantizar la equidad educativa.