El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que los venezolanos que perderán su Estatus de Protección Temporal (TPS) tras el fallo de la Corte Suprema podrán acceder al proceso de asilo político, abriendo así una nueva ruta migratoria individual en medio del mayor cambio en la política estadounidense hacia migrantes venezolanos en años recientes.
La declaración de Rubio se produce un día después de que el máximo tribunal del país avalara el plan del presidente Donald Trump para revocar el TPS otorgado a aproximadamente 350,000 venezolanos, designación impulsada por la administración Biden en 2021 y ampliada en 2023. El fallo judicial devuelve al Ejecutivo el control total sobre la política migratoria temporal y pone fecha de caducidad al amparo humanitario que permitió a cientos de miles de venezolanos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
“Ahora, las personas que han recibido el TPS pueden solicitar asilo, y creo que muchas de ellas, si no la mayoría, tienen solicitudes de asilo muy creíbles”, aseguró Rubio durante una audiencia celebrada en el Capitolio. Su declaración busca calmar el nerviosismo de miles de migrantes, pero también reafirma la línea dura de la nueva administración, que insiste en que la protección humanitaria no debe sustituir un debido proceso legal basado en solicitudes individuales.
El TPS es un programa excepcional, creado en 1990, que otorga permisos temporales a ciudadanos provenientes de países afectados por conflictos armados, catástrofes naturales u otras crisis extraordinarias. Durante los últimos años, bajo el pretexto del colapso institucional, la hiperinflación y la represión política del régimen chavista, Venezuela se convirtió en uno de los principales beneficiarios del programa.
Sin embargo, Rubio arremetió contra la manera en que la administración Biden aplicó esta medida, acusándola de haber ofrecido protección “sin filtros de revisión rigurosa” y sin considerar adecuadamente los antecedentes penales de algunos de los beneficiarios. “Por supuesto que la mayoría no son criminales”, matizó el secretario de Estado, “pero si mil de ellos lo son, tenemos un problema serio”.
El impacto del fallo es significativo: 600,000 venezolanos han sido beneficiados con alguna de las dos designaciones del TPS. La primera, en 2021, otorgaba protección hasta septiembre de 2025. La segunda, establecida en octubre de 2023 y prorrogada en enero de 2025 por Biden justo antes de abandonar la presidencia, preveía extender la vigencia hasta octubre de 2026. El Supremo se pronunció sobre esta segunda extensión, anulándola y dando vía libre al plan de Trump para dejarla sin efecto.
Con este fallo, los venezolanos amparados por el TPS enfrentarán el vencimiento automático de sus permisos de permanencia y trabajo, lo que los colocará en situación irregular a menos que accedan a otras vías legales, como el proceso de asilo político. Sin embargo, este camino no está exento de desafíos: el sistema de asilo estadounidense enfrenta retrasos crónicos, falta de recursos y un historial de negaciones para solicitantes provenientes de Latinoamérica.
Diversas organizaciones de derechos migratorios han expresado su preocupación por lo que consideran una desprotección masiva sin garantías de alternativas claras, especialmente para personas que llevan años residiendo en EE. UU., con hijos ciudadanos estadounidenses, empleos estables y comunidades integradas.
No obstante, la Casa Blanca insiste en que la revocación del TPS no equivale a deportación inmediata, sino a un cambio de estatus migratorio que obliga a los afectados a presentar nuevos argumentos individuales para permanecer legalmente en el país. “El sistema de asilo está ahí para quienes realmente lo necesiten”, afirmó Rubio, alineando la decisión con el enfoque de “restaurar el orden y la legalidad” en las fronteras del país.
El debate apenas comienza. Mientras los abogados migratorios preparan miles de casos de asilo, los tribunales enfrentan un nuevo colapso administrativo, y comunidades enteras de venezolanos en Florida, Texas, Nueva York y otros estados enfrentan la angustia de volver al limbo migratorio del que creían haber salido.
La decisión final, sin embargo, va más allá del proceso judicial: representa un giro estructural en la política migratoria de EE. UU. hacia Venezuela, alejándose del enfoque humanitario indiscriminado para volver al criterio de caso por caso. Para muchos, el mensaje es claro: la generosidad migratoria no puede seguir sustituyendo al imperio de la ley.