La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar ha anunciado que está elaborando un proyecto de ley que permitiría a los cubanos con el documento migratorio I-220A solicitar la residencia en Estados Unidos a través de la Ley de Ajuste Cubano. La legisladora, quien representa a un sector importante de la comunidad cubanoamericana en el Congreso, declaró a medios de comunicación que esta medida busca corregir una situación legal que ha afectado a miles de inmigrantes cubanos en los últimos años.
Un proyecto con impacto migratorio
“Estamos haciendo una ley para pedirle al Congreso federal que permita a todo cubano que tiene I-220A seguir el proceso migratorio hasta tener parole y acogerse a la Ley de Ajuste Cubano”, explicó Salazar en sus declaraciones. Además, enfatizó que esta figura legal, implementada durante la administración Biden, ha representado un obstáculo para los cubanos que han ingresado a Estados Unidos con la intención de establecerse legalmente.
La congresista también expresó su esperanza de que la administración de Donald Trump respalde esta iniciativa en caso de regresar a la Casa Blanca. “Esperemos que el proyecto se cumpla”, agregó, dejando en claro que su propuesta busca solucionar un problema que afecta directamente a miles de cubanos en Estados Unidos.
El problema de la I-220A
La crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos ha llevado a que muchos cubanos sean admitidos en el país sin recibir un parole, sino con una I-220A, también conocida como orden de supervisión. Este documento les permite estar en el país de manera temporal, pero no les otorga un estatus legal definitivo.
A diferencia de quienes ingresan con un parole, los portadores de una I-220A no pueden acogerse directamente a la Ley de Ajuste Cubano, la cual les permitiría solicitar la residencia permanente tras un año y un día en territorio estadounidense. En muchos casos, los inmigrantes afectados por esta situación deben recurrir al asilo político, un proceso complejo y con una alta tasa de rechazo.
Según datos oficiales hasta septiembre de 2023, más de 350 mil cubanos han ingresado a Estados Unidos bajo esta condición. Aunque las autoridades han asegurado que los poseedores de una I-220A no enfrentan un riesgo inmediato de deportación, la incertidumbre legal y el temor entre los afectados persisten.
Acciones y recomendaciones para los afectados
En los últimos dos años, grupos de cubanos con I-220A han organizado protestas pacíficas en Washington D.C., exigiendo que su documento sea reconocido como un parole, lo que les permitiría regularizar su estatus migratorio. Hasta el momento, el gobierno federal no ha brindado una solución concreta a esta problemática.
Por su parte, abogados de inmigración recomiendan a los afectados que documenten su permanencia en Estados Unidos con pruebas tangibles, como recibos de renta, contratos de empleo, facturas de servicios públicos o cualquier otro registro oficial que demuestre su presencia física en el país durante al menos dos años.
“No importa si la persona tiene o no antecedentes criminales; el riesgo de deportación aplica igual. Sin embargo, aquellos con I-220A que ya tienen un proceso abierto en la corte de inmigración están protegidos de una deportación acelerada”, explicó en enero pasado la abogada de inmigración Rosaly Chaviano a Telemundo 51.
Perspectivas y futuro del proyecto de ley
La iniciativa de María Elvira Salazar se perfila como un intento de brindar una solución legal a una comunidad que ha quedado atrapada en un limbo migratorio. No obstante, la aprobación de esta propuesta en el Congreso dependerá en gran medida del apoyo bipartidista y del contexto político en el que se debata.
Mientras tanto, los cubanos con I-220A continúan viviendo en incertidumbre, sin una vía clara para regularizar su estatus y con el temor latente de que su situación pueda cambiar en cualquier momento. El proyecto de ley de Salazar representa una luz de esperanza, pero su futuro sigue siendo incierto hasta que el Congreso se pronuncie al respecto.